Esquizofrenia legislativa concursal

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Las constantes reformas a las que se está sometiendo la ley concursal generan desconcierto en todos los operadores jurídicos sin lograr articular un modelo de segunda oportunidad que existe en otros países desde hace más de un siglo.

Mosquera abogados y economistas: Esquizofrenia legislativa concursal - Imagen: Robert ScobleLo que estamos padeciendo todos los operadores jurídicos (abogados, economistas, auditores y jueces) y usuarios en el ámbito mercantil no tiene parangón. Reformas y más reformas sobre lo ya reformado de tal suerte que incluso tenemos dificultad en aplicar las disposiciones transitorias, de tal modo que en es habitual el desconcierto en la norma a aplicar a cada caso concreto.

Pues sí, la Ley Concursal ha sido modificada hasta cuatro veces en el último año, de tal suerte que ya no se puede hablar de una unidad de disciplina y sistema. Es a partir de las reformas de 2013 cuando dejan de completarse preceptos ambiguos para iniciar otra línea de producción normativa que casi impide hablar de un único cuerpo legislativo.

Para mayor desgracia, en la actualidad las reformas se hacen por la vía del Real Decreto, de modo que no existe debate parlamentario. Y todavía más, no legisla el Ministerio de Justicia, sino que lo hace el Hacienda. Y eso se nota profundamente por la deficiente calidad técnica.

En definitiva, estamos en una deriva concursal, en una especie de esquizofrenia por tratar de no sé qué, y esa es la cuestión, que en realidad nadie sabe el objetivo final de las reformas. Bien podría catalogarse como nueva enfermedad, con su acrónimo ELC para mayor tecnicismo, y definirse como aquella afección mental que ataca esencialmente a los políticos y les produce un exceso de vigor en la producción normativa concursal al objeto de producir indefensión y desconcierto en los ciudadanos.

Con la vigente legislación concursal todas las empresas acaban en liquidación, sí, pero ese no es un problema normativo sino un problema de raíces empresariales: se crean empresas con un capital social de 3.000 euros y el socio avala todo personalmente, con lo cual el concurso, que es una magnífica vía de financiación y restructuración de pasivos, deja de serlo porque el propietario de la empresa no puede acogerse a él.

Aceptaría un vigor normativo incluso más exacerbado si le producción legislativa fuese buena, fuese útil, fuese resolutiva. Pero de ningún modo acepto las reformas que se están imponiendo.

Me detendré exclusivamente en el tratamiento de la insolvencia de la persona física, vamos, del consumidor. En definitiva, de la búsqueda de un modelo de segunda oportunidad tal y como existe en otros países y en Estados Unidos desde hace más de cien años. El caso es que en 2013 se publicó el Título X de la Ley Concursal que recogía la insolvencia de la persona física (en principio empresario) al objeto de eximirle de deudas en busca de una segunda oportunidad. La aplicación práctica de la norma fue nula, pero lo que se dice nula en su totalidad: nadie, salvo algún despistado, se acogió a este acuerdo extrajudicial. Pues ahora en 2015 se ha publicado su reforma que todavía dificulta en mayor medida su ya imposible aplicación: reforzamiento de los créditos de derecho público hasta el punto de excluirlos, catálogo absurdo de circunstancias y requisitos para poder acogerse al mismo, eventual revocación de la sentencia de remisión, etc., en lo que constituye un despropósito que se resume en una palabra: no.

A la pregunta de si existe en España un mecanismo jurídico para lograr la segunda oportunidad, la respuesta es no.

La consecuencia es lo que más me preocupa: y es que con la ausencia de un mecanismo de segunda oportunidad perdemos todos. Y digo esto porque seguimos obligando al deudor a convertirse en un ciudadano en B, es decir, a que se convierta en insolvente de por vida y de esta forma obligarle a vivir en el mundo de la economía sumergida.

Y todo única y exclusivamente por la falta de valentía del legislador, vamos, del gobierno de turno, que prometió mejorar la legislación concursal de la pasada etapa socialista que ya era mala, y lo está haciendo peor.

Cunde el desánimo entre todos los partícipes del derecho concursal.

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