El deshaucio en el arrendamiento

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El objetivo de este pequeño artículo es aclarar ciertas dudas que hay en la calle sobre el funcionamiento de los desahucios. Aunque la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU) incorpora interesantes novedades, quiero centrarme en lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC).

En materia de resolución de contratos por impago de rentas habremos de acudir a lo dispuesto por el art. 22.4 y 22.5 de la LEC, que no es ni más ni menos que una importante herramienta para instar al arrendatario a que abone sus mensualidades atrasadas.

El arrendador puede acudir al juicio verbal (art. 250.1.1º) presentando una demanda, que terminará por decreto del letrado de la administración de justicia (antes secretario judicial) si el arrendatario paga; en caso de que se oponga se citará a las partes a una vista y el juez resolverá.

Otra opción es requerir fehacientemente al arrendatario para que pague, sirviendo eficazmente el burofax como medio de prueba. El plazo máximo es de 30 días. En este caso el arrendatario puede abonar las cantidades pendientes y por consiguiente enervar (anular) el desahucio, pero esto sólo lo podrá realizar una vez, de modo ante nuevos impagos la demanda que interponga el arrendatario será para resolver el contrato y proceder al lanzamiento. Lo mismo sucede en caso de que la reclamación sea por demanda judicial.

El arrendatario sólo puede enervar la acción de desahucio en una ocasión efectuando el pago de las rentas adeudadas.

Si vuelve a realizar impagos de rentas y el arrendador presenta demanda será con la única opción de resolver el contrato, ya que no podrá enervarse la acción de desahucio una segunda vez. De ahí la eficacia de esta norma que es realmente coercitiva y se constituye como garante de los intereses del arrendador.

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