Sobre el delito por conducción bajo los efectos del alcohol

Sobre el delito por conducción bajo los efectos del alcohol

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En una comida, tras la cena o charlando en torno a unas cervezas… Tarde o temprano, este tema surge en las reuniones de amigos. ¿Cuáles son las consecuencias del delito de conducción bajo los efectos del alcohol? ¿Cómo se juzga?

La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal recoge en su artículo 379 las penas y multas por este tipo de acción. En concreto, las penas son las mismas ya se trate de un exceso de velocidad en 60 km/h en vías urbanas o en 80 km/h en vías interubanas a la reglamentariamente permitida, o se trate de conducción bajo los efectos de drogas o estupefacientes, que las consideradas para una alcoholemia superior a 0,6 gr/litro en aire o 1,2 gr/litro en sangre.

El Código Penal contempla pena de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos para la comunidad entre 31 y 90 días, pero en todo caso adicionalmente se procederá a la retirada de carné de conducir de 1 a 4 años.

Una vez acotados los límites de la pena, la particularidad del delito reside en el tipo de juicio en el que se resolverá: denominado ‘procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos’ del art. 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que comúnmente conocemos como juicio rápido.

Estos juicios son aplicables a la instrucción y enjuiciamiento de determinados delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de 5 años y que se haya iniciado en virtud de atestado policial, conociendo del asunto el Juzgado de Guardia. Se caracterizan por su rapidez en la tramitación, pero la cuestión más destacable es que en caso de prestar conformidad al escrito de acusación del fiscal la pena se rebajará en un tercio, siendo esto un aspecto muy relevante que debe ser tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones.

La Ley Orgánica 13/2015 que modificó la LEC introdujo al proceso denominado ‘por aceptación de decreto’ en el art. 803.bis y siguientes, que pretende reducir todavía más el plazo de tramitación del juicio, de tal forma que el Ministerio Fiscal emite un decreto en el que identifica al investigado, describe el hecho punible y propone la pena, será sometido a control judicial para su autorización. Si el encausado acepta la propuesta de pena, adquirirá el carácter de resolución firme y será ejecutable sin recurso alguno.

 

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