¿Es la Ley Concursal un fracaso?

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Se cumplen 11 años de la entrada en vigor de la Ley Concursal y muchas personas, algunas ajenas a su práctica y otras afectadas por ella, me preguntan para qué sirve la misma a la vista de sus resultados.

Es evidente que existe una dicotomía entre el resultado práctico de su aplicación y las expectativas de los acreedores para recuperar sus créditos. Inicialmente todos pensaban que sería el mecanismo idóneo para sanar a las empresas y particulares afectados por un estrangulamiento de su liquidez, y sin embargo esta Ley se ha convertido en el tanatorio de todos ellos.

La primera reflexión del público es pensar que la Ley es inapropiada, lógicamente, a la vista de los resultados cosechados hasta la fecha. Sin embargo, me gustaría profundizar un poco en esto:

La Ley Concursal vino a cubrir una inmensa laguna legal existente en nuestro país hasta nada más y nada menos que 2003, fecha de su publicación en el BOE, donde antes existía una heterogeneidad normativa ajena a la realidad actual que se concentraba en dos instituciones jurídicas: la quiebra y la suspensión de pagos. Al concentrar todos los aspectos jurídicos en un único texto y toda la potestad en un único juez además especializado, el avance en términos de Derecho ha sido excepcional.

Aun así, sigue pesando más el hecho de que los resultados de su aplicación práctica se resumen a la liquidación del deudor, principalmente empresas. Pues bien, la Ley Concursal tiene una puerta de entrada (el juzgado) y dos de salida: el convenio o la liquidación. Dicho lo cual también debemos matizar el contexto económico general en el que la misma ha sido puesta en práctica: una crisis financiera brutal como no se había vivido nunca en este país.

En efecto, las cuatro variables que más han afectado a la liquidez de las empresas desde 2007:

  1. Caída del nivel de facturación a menos de la mitad de lo habitual
  2. Cierre total del crédito bancario
  3. Reducción imperativa del crédito ya concedido
  4. Coste del ajuste de personal.

Estas cuatro circunstancias son comunes a la mayoría de las empresas que se han acogido a la situación concursal, todas ellas gravísimas y de una enorme dificultad en su gestión.

Pero existe una quinta circunstancia que todavía agrava más esta situación y que denominamos el estigma del concursado, que consiste en el rechazo de todos los agentes que habitualmente colaboran con el deudor a seguir colaborando con él una vez declarado el concurso. En el caso de los proveedores por el altísimo riesgo de no cobrar su crédito una vez declarado el concurso aunque este tenga preferencia (crédito contra la masa), y en el caso de la banca por la obligación legal de consignar una parte adicional del crédito otorgado dentro del concurso en el Banco de España como garantía de solvencia de la entidad financiera.
Pues bien, todas estas circunstancias son ajenas a la Ley Concursal en términos normativos y jurídicos. Son otros, por ejemplo, los mecanismos de que dispone el Estado para regular la obligatoriedad del depósito bancario extra por la concesión de crédito al concursado, o la manera de reflejar en los balances las contingencias laborales, como también son otras las fuerzas que operan en la oferta y la demanda, de difícil control estatal por no decir casi imposible.

Por tanto, inicialmente debe satisfacernos la llegada de una Ley que regula las insolvencias y las concentra en un único procedimiento ante un único juez. Debemos celebrar la publicación, por fin, de una norma que llega con más de cien años de retraso respecto de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, y que se esperaba con tanta ansiedad. Debemos estudiarla con profundidad porque ha venido para quedarse. Y por ello debemos comprender cómo nos afecta a todos porque, en mi opinión personal, existe una sexta circunstancia que afecta al resultado de su aplicación práctica y que todavía no he citado: nuestras empresas no estaban preparadas para aprovechar su potencial y siguen sin trabajar en esa línea.

La relevancia de esta última circunstancia exige otro artículo de opinión, que publicaré en breve. Pero mi respuesta al título de este artículo de opinión es no, la Ley Concursal no ha fracasado. Era absolutamente necesaria. Incluso me atrevo a confirmar mi respuesta con otra pregunta ¿qué habría sido de este país sin su existencia durante esta crisis? Prefiero no extenderme en esta respuesta y limitarme a decir dos cosas: que el caos en los Juzgados de Primera Instancia hubiese sido absoluto, y que la economía se hubiese resentido mucho más.

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